Parlamentario solicita que si se detectan ilícitos en el cambio de domicilio de las más de 485 mil personas, se entreguen los antecedentes ante el Ministerio Público.
A través de dos oficios despechados ayer, el diputado Nicolás Monckeberg (RN) pidió al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría auditar el cambio de domicilio que afectó desde 2014 a más de 485.008 personas, que al renovar su cédula de identidad, vieron modificado, al mismo tiempo y sin su consentimiento, su registro electoral.

El diputado hace referencia en el documento al oficio enviado a la Cámara por el director del Registro Civil, Luis Acevedo, quien en agosto pasado hace referencia a “ciertos ajustes informáticos” que podrían haber afectado el domicilio electoral, y también especifica que “el cambio de domicilio electoral involuntario no tiene validez legal” (ver nota principal).

De esta forma, Monckeberg cita la Ley de Inscripción Automática para señalar que “para todos los efectos legales, se considerará como domicilio electoral el último declarado por el elector ante el Registro Civil o el Servel”.

El diputado agrega que en el mismo cuerpo legal se establece que quien “por negligencia” extravíe o destruya información computacional que contenga información del Registro Civil o del padrón electoral “sufrirá la pena de prisión en su grado máximo”. En el caso de existir dolo -continúa el parlamentario- los autores recibirán la pena de “presidio menor en su grado mínimo, multa de una a tres UTM e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos”.

Al mismo tiempo, Monckeberg apela al Código Penal para explicar que los funcionarios públicos tienen la obligación de, si ocurriere, denunciar estos antecedentes.

Por esta razón, el diputado RN afirma que “llama la atención que el director del Registro Civil señale en su oficio que estos antecedentes fueron puestos en conocimiento solo del Servel, pero no de la Contraloría, para que se investiguen los hechos y se descarten eventuales responsabilidades legales o administrativas de los funcionarios involucrados, y tampoco a disposición del Ministerio Público o del Consejo de Defensa del Estado”, debido a que los “ajustes informáticos” a los que alude Acevedo puedan ser “conductas negligentes o dolosas y, por lo tanto, revestir el carácter de delito”.

Así, el parlamentario pidió al CDE y a la Contraloría indagar estos hechos en caso de que existan responsabilidades legales o administrativas, e investigar una eventual omisión del deber de denunciar estos antecedentes, por parte del director del Registro Civil.

“El Registro Civil cambió ilegalmente el domicilio electoral de medio millón de chilenos, lo que afecta seriamente nuestro proceso electoral, pues podría impedir que muchos de ellos puedan votar”, afirmó Monckeberg, y enfatizó que “las explicaciones entregadas hasta ahora por el Registro Civil solo confirman esta grave ilegalidad, ya que está prohibido cambiar el domicilio electoral sin el consentimiento de los ciudadanos”.

 

 

Fuente: El Mercurio, 7 de octubre