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Por cupos adicionales requeridos por los tribunales de familia para los menores que están en situación crítica.
Una millonaria deuda que mantendría el Servicio Nacional de Menores con sus organismos colaboradores denunció el diputado RN Nicolás Monckeberg, miembro de la Comisión Investigadora Sename 2.

El hecho se conoce justo al terminar la semana en que 15 representantes de centros particulares colaboradores se reunieron con el ministro de Justicia, Jaime Campos, para plantearle su inquietud por el casi inexistente aumento de recursos para ellos considerado en el Presupuesto Sename 2017.

Se trata de instituciones que tienen 248 hogares, contra los 11 de administración directa del Sename, y para los que solo se considera un 0,1% de incremento.

El parlamentario afirmó que la deuda del Sename es de unos $3.500 millones, que debió haber cancelado a centros por atenciones urgentes ordenadas por los Tribunales de Familia.

Recordó que el artículo 80 bis de la Ley de Tribunales de Familia obliga al Sename a que, en caso de no disponer de programas para la atención de niños que requieren alguna medida de protección urgente, el servicio se encuentra obligado a generar dicha oferta en el menor tiempo posible. Y tratándose de medidas como la internación en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado, deberá darle cumplimiento de inmediato. “Los 80 bis son los niños que están en la situación más crítica”, advierte el diputado.

Para responder a ese requerimiento de tribunales, el Sename dispone de recursos asignados por la Ley de Presupuestos. En 2016, la partida fue de $12.036.340.

Monckeberg indicó que “solo durante el primer semestre de 2016 los tribunales de familia emitieron un promedio de 1.177 órdenes mensuales de ese tipo, destinadas a dar protección urgente a víctimas, en su mayoría de maltrato o violencia de tipo físico, sexual o psicológico, y/o negligencia por parte de sus padres o cuidadores”, y agregó que “el no pago de estas prestaciones se arrastra desde julio. Pero recién a mediados de octubre el Sename les habría informado que no contaba con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a estos compromisos y que la cesación de pagos podría extenderse hasta enero de 2017”, dijo.

 

Fuente: diario El Mercurio, 14 de noviembre 2016