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Nicolás Monckeberg y Marcela Sabat (RN) esperan que la Contraloría también revise el presupuesto del servicio.

Además, recurrirán a la Suprema para que evalúe disposición que obliga a colaboradores a recibir niños gravemente vulnerados.

El conflicto entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y algunos de sus organismos colaboradores, por la negativa en el aumento de recursos y el atraso en el pago de subvenciones, parece estar lejos de terminar.

Ayer, los diputados RN Marcela Sabat y Nicolás Monckeberg anunciaron que en los próximos días concurrirán a la Contraloría General de la República para solicitarle que audite los gastos y el presupuesto del organismo que encabeza Solange Huerta.

‘Es extremadamente grave que exista una deuda de casi $ 5 mil millones con las organizaciones que atienden a más del 80% de los niños’, comentó el parlamentario.

Monckeberg agregó que cuando faltan recursos, se comprometen la calidad y los servicios que reciben los niños que están en una situación vulnerable.

‘Cuántas Lissette deben morir por negligencias del Sename para que se entreguen recursos mínimos y a tiempo’, se preguntó el legislador.

Sabat, en tanto, expresó que ‘al gobierno no le bastó con congelar el presupuesto y la subvención a los colaboradores, sino que para agudizar aún más la situación, ahora mantiene una deuda millonaria. Esto no sólo supone responsabilidad administrativa, sino también internacional del Estado de Chile, que no cumple los compromisos adquiridos por la Convención de Derechos del Niño’.

Tras concurrir a Contraloría, los congresistas esperan realizar una presentación en la Corte Suprema ante la ministra encargada del tema, Rosa María Maggi.

Ello, porque quieren que el Poder Judicial revise el artículo 80 bis de la Ley 19.968. ‘Ella obliga a los colaboradores a atender a niños gravemente vulnerados, pero el Sename no les paga’, aseguró Monckeberg.

Mientras que Sabat manifestó que ‘el Poder Judicial deberá hacer presente esta situación al gobierno, ya que su irresponsabilidad e improvisación no permiten que tanto la judicatura como los organismos colaboradores puedan llevar adelante su mandato de protección de la infancia vulnerada’.

Postura

La decisión de los parlamentarios de concurrir a la Contraloría y al Poder Judicial fue bien recibida por los representantes de algunos organismos colaboradores.

‘Ante la negativa de aumento presupuestario, todos los esfuerzos para que mejore la situación de los niños y niñas que están en nuestras residencias son bienvenidos’, dijo el director ejecutivo de María Ayuda, Ricardo Evangelista.

Su par del Pequeño Cottolengo, Cristián Glenz, también apoyó la iniciativa de los parlamentarios. ‘Me parece bien, porque claramente hay discriminación entre los niños que atendemos nosotros y el Sename’, aseguró.

Sin embargo, desde la institución señalaron que de 2009 a 2015 ha habido un aumento importante en los pagos a través del 80 bis (de $ 3.560 millones a más de $ 13 mil millones) y que durante 2016 ya se han pagado $ 14 mil millones.

Además, advirtieron que si aún no se hacen efectivos los pagos del período entre julio y octubre, es porque la ley les exige que revisen si los servicios comprometidos fueron entregados.

 

 

Fuente: diario La Tercera, 30 de noviembre